Por: Jorge Senior

Quien no haya leído de principio a fin el Manifiesto (leer/descargar aquí) emitido por los re-levantados en armas con la vocería de Iván Márquez (no confundir con Iván Duque Márquez) carece de fundamento para opinar. Es obligatorio leer este documento que es sorprendentemente bueno a pesar de lo inoportuno que cae en la coyuntura electoral, pues la decisión que conlleva parece favorecer al uribismo guerrerista en lo inmediato.

Digo que el documento es muy bueno. ¿Quién lo habrá escrito? No reconozco ahí ni el lenguaje tradicional de las FARC ni de sus individualidades más conocidas. Es un lenguaje nuevo, remozado, pero lo más importante es que trae una propuesta política interesante. Y yo siempre he dicho que las FARC se caracterizan por la «sin-política». Pero aquí, en este documento, sí hay política y también un buen alegato jurídico y, adjunto, un alegato histórico.

La propuesta política de un proceso constituyente abierto coincide con algo que venimos planteando desde que las élites confabuladas quisieron sacar a Gustavo Petro de la alcaldía de Bogotá y lo hubieran logrado si el ladino Santos no hubiera tenido que reversar su jugarreta perversa obligado por sus intereses electoreros. El Manifiesto muestra la evolución política de estos personajes que considerábamos unos fósiles, producto probablemente del contacto durante casi toda la presente década con los diferentes sectores de la sociedad colombiana e internacional.

Después podremos analizar la propuesta política que debe madurarse más, por ahora quiero enfocarme en el punto preocupante, la decisión militar, esto es, el retomar la lucha armada, algo que parece obsoleto y, por ende, un movimiento en retroceso. El documento habla de una nueva modalidad operativa, rechaza el secuestro de colombianos, plantea una posición militar defensiva y un acercamiento político con las fuerzas militares del estado bajo ciertas condiciones, habla de combatir la corrupción y de guerra a la oligarquía vestida de civil pero que, como todos sabemos, mueve los hilos militares y paramilitares. También esboza un esquema de financiación que no es el mismo de antes. ¿Estamos entonces ante el regreso de la guerra, la vieja guerra, la misma violencia degradada de las décadas pasadas? ¿o estamos ante una propuesta político-militar novedosa? ¿hay lecciones aprendidas? ¿serán capaces estos señores de un accionar militar con fuerte sentido político comprensible para los colombianos del común? ¿tendrán la capacidad comunicativa para estimular la deliberación pública multisectorial? ¿podrán discriminar y focalizar su violencia rebelde contra los epicentros de violencia que hoy matan líderes sociales y atacan las organizaciones sociales? ¿o contra los epicentros de corrupción? ¿Serán capaces de generar hechos políticos con la acción militar? No tenemos aún las respuestas a estos interrogantes.

Sin duda el documento es un buen alegato contra los incumplimientos del gobierno uribista respecto a los Acuerdos de Paz. Las críticas que hace son, en buena parte, certeras. Ahora bien, los Acuerdos no están muertos. Algunas cosas van bien, pues hemos visto diversos proyectos productivos funcionando, excombatientes educándose o destacándose en diversas actividades legales y legítimas. Los colombianos debemos seguir apoyando el proceso, a la JEP y la justicia transicional, pero sobre todo, presionar al gobierno a que cumpla. Urge la movilización en ese sentido, de respaldo a la meta de la paz y de exigencia al gobierno para que acate la Constitución. El problema político que se plantea hoy es cómo aislar al uribismo de tal modo que deba plegarse al anhelo de paz y al mandato constitucional.

Teniendo en cuenta lo dicho, lo que procede en este momento político es que las fuerzas democráticas convoquemos un CONGRESO POR LA PAZ Y LA DEMOCRACIA como escenario de diálogo nacional. No sólo para darle oxígeno al proceso, a la JEP y a los desmovilizados que permanecen dentro de los Acuerdos, sino sobre todo para denunciar al gobierno ante la comunidad internacional y exigirle que cumpla con la Constitución. Pero eso es lo mínimo. Será también para recomponer al menguado campo popular en dirección a un proceso constituyente capaz de revitalizar el remendado y aporreado estado social de derecho.

La Constitución de 1991 sigue siendo el referente de legitimidad, pero las contrarreformas antidemocráticas deben ser subsanadas y nuevas reformas de profundización democrática deben ser abanderadas por la movilización social y la acción jurídica ciudadana con independencia del limitado asunto de los acuerdos firmados por las FARC y el estado colombiano. Es hora ya de superar la estrechez de miras e ir más allá en función de los intereses de las mayorías y no de uno u otro grupo. El punto de encuentro de los colombianos ya lo esbozó Álvaro Gómez Hurtado poco antes de que lo asesinaran: un Acuerdo sobre lo Fundamental, sólo garantizable si hay un pueblo consciente, una sociedad civil organizada, una ciudadanía participante.

Y que quede claro: esto no se trata de resistir. La «resistencia» es discurso de perdedores. Ni se trata de miopías identitarias ni de tonterías decoloniales. El objetivo siempre debe plantearse en términos de un futuro mejor para todos con una visión progresista y moderna. Para las nuevas generaciones esto es vital si entendemos lo que está en juego a escala planetaria en el siglo XXI: todo. Llegó el tiempo de una política antropocénica.

CONGRESO POR LA PAZ Y LA DEMOCRACIA
DIÁLOGO NACIONAL
PROCESO CONSTITUYENTE
POLÍTICA ANTROPOCÉNICA

Ver video de Iván Márquez